* El asesinato de un activista de derechos humanos en Barquisimeto revela
la sistemática política del Estado venezolano contra la disidencia y las
clases populares. Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho
como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las
organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes.

Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto
Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los
testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras
de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios
disparos en el pecho. La víctima es productor audiovisual y trabaja en el
programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante
bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual
debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido
realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios
gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los
derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala
que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus
señalamientos: ?Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y
nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de
muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de
la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los
venezolanos con la inseguridad que hay en el país?, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda
degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han
venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea
(www.derechos.org.ve), la policía del estado Lara es el segundo cuerpo
policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando
durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total
de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su
participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico
y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas
a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta
social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas
contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado
la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo
comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias
policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo
gobernador del estado Lara Luís Reyes Reyes. En vez de realizar una
investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al
exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Debido a sus denuncias y movilizaciones, los integrantes del CVCI han sido
objeto de amenazas de muerte y de un proceso creciente de criminalización.
Desde el momento de su fundación, Mijail Martínez había venido registrando
en video el trabajo comunitario de la organización, con la intención de
realizar un documental sobre esta experiencia popular. Una muestra de su
trabajo puede verse en http://www.vimeo.com/5130428

Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo
capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base,
autónomas, revolucionarias y disidentes. Asimismo, enviamos nuestro
mensaje de condolencia y afecto a los familiares y amigos de Mijail, un
prometedor joven en el terreno de las luchas sociales de cuyo entusiasmo y
compañerismo fuimos testigos. Señalamos que este crimen es parte de la
política de criminalización de la protesta popular emprendida por un
gobierno servil a los intereses del capitalismo globalizado. Por último,
denunciamos la complicidad del gobierno, de los medios estatales y
pseudocomunitarios, de la Fiscalía General de la República, Defensoría del
Pueblo y Tribunales de Justicia en cualquier hecho que ponga en peligro la
vida e integridad de Víctor Martínez y su familia, los integrantes del
Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara y del resto de
luchadores y luchadoras populares de la región que han venido señalando,
con nombres y apellidos, la implicación de funcionarios policiales y
burocráticos en hechos de corrupción, tráfico de drogas, extorsión,
secuestros y asesinatos en la región centro-occidental del país.

Periódico El Libertario
Caracas, 26.11.09

Nota: Para información amplia y pormenorizada sobre la lucha que lleva
adelante el CVCI-Lara y cómo se ha venido degradando la situación de los
Derechos Humanos en esa región, véanse los articulos sobre el tema
publicados en los siguientes números de El Libertario: 52, 54, 55 y 56,
accesibles en nuestra web www.nodo50.org/ellibertario

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